Derechos torcidos
Un fantasma recorre España en general y Cataluña en particular. No es una mera metáfora burlesca, como la que introduce el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Es un fantasma muy serio. Pero fantasma igualmente.Se le han dado dos nombres, uno avalado por cierta tradición política muy respetable inaugurada al alimón por el presidente norteamericano Woodrow Wilson y por V. I. Ulianov (Lenin): derecho de autodeterminación; otro, improvisado sobre la marcha (a ninguna parte) por ciertos políticos catalanes deseosos de garantizarse completa libertad de acción en defensa de los intereses, reales o imaginarios, de los sectores sociales por ellos representados (o que ellos pretenden representar): derecho a decidir (expresión no totalmente original de “casa nostra”, pues ya fue acuñada, al parecer, hace unos años por el ex-lehendakari Juan José Ibarretxe).
Empezando por este último “concepto”, lo primero que conviene dejar clara es su total falta de claridad. Porque ¿acaso hay algún derecho cuyo contenido no sea la capacidad de decidir algo? Así, el derecho a la salud implica la posibilidad de decidir curarse y de que la sociedad ofrezca los medios para ello; el derecho a la educación, la posibilidad de decidir instruirse (o de que los padres o tutores lo decidan por los menores a su cargo) y que la sociedad ofrezca los medios; etc. De modo que, si todo derecho implica alguna capacidad de decisión, la expresión “derecho a decidir” es, por un lado, redundante y, por otro, si no se especifica el contenido, vacía.
Parece claro, pues, que quienes pusieron en circulación semejante pseudoconcepto, o no tenían las ideas claras o pretendían confundir al público al que iba destinado. El principio de “caridad” obliga a excluir lo primero, pues equivaldría a llamarlos ignorantes. Por lo tanto, hay que concluir que buscaban lo segundo. ¿Con qué propósito?
Sin duda para lograr un apoyo mayoritario a la idea de que hay que poner a discusión, con la intención de modificarla unilateralmente desde Cataluña, la estructura administrativo-territorial del actual Estado (ese cuyo nombre oficial es “Reino de España” o, simplemente, España). Y ¿por qué se supone que hay que modificarla? Supuestamente porque, desde el auge de los movimientos nacionalistas iniciado en el siglo XIX en gran parte del mundo, y su agudización en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, viene habiendo un sector de la población de Cataluña que, por diversas razones (económicas y/o culturales), aspira a la constitución de un Estado propio independiente del resto de España. Ese sector, hasta hace muy poco, no pasaba de un 15% de la población, como máximo. Pero sus líderes políticos e intelectuales han encontrado, gracias a determinados cambios producidos en la sociedad catalana (fuerte disminución relativa de la clase obrera industrial y correlativo aumento del sector servicios, cuyos asalariados son más receptivos a las ideas y actitudes interclasistas, entre ellas el sentimiento de “identidad nacional”; crisis económica; detención o incluso descenso del “ascensor social” para las nuevas generaciones; etc.), han encontrado, digo, la manera de reforzar ese contingente de adeptos al separatismo mediante el expediente de decir algo así como: Es evidente que en Cataluña existe un segmento importante de la población desafecto respecto a España (segmento formado, de entrada, por los mismos que dicen eso y los que asienten, con lo que tenemos un típico caso de discurso “performativo” o —como diría un servidor— “ejecutivo”: discurso que, por el simple hecho de enunciarse, realiza lo que enuncia). Por tanto —siguen diciendo— es de justicia reconocerles a los catalanes (los censados en Cataluña, aunque más de un nacionalista catalán discreparía y delimitaría un subconjunto según criterios étnico-culturales) el derecho a pronunciarse sobre la continuidad o no de su permanencia en el Estado español .
Dejemos a un lado, de momento, pues lleva a un callejón sin salida, la espinosa cuestión de si Cataluña es o no una nación (sin Estado) y si, más aún, tiene sentido hablar de naciones que no estén constituidas como Estados, es decir, de naciones meramente étnicas, no políticas. De entrada, lo que se ha conseguido con el discurso arriba mencionado es incorporar a la discusión, primero, a un nuevo contingente de personas que, golpeadas por la crisis o temerosas de verse golpeadas por ella, atribuyen a la pertenencia a España todos los males y ven en la secesión una posible escapatoria; y en segundo lugar, a un número importante de personas que jamás hasta ahora se habían planteado el asunto y cuya implicación en el debate está motivada: a) por su talante democrático, que las predispone a prestar atención de entrada a la reivindicación nacionalista como lo harían con cualquier otra reivindicación surgida de la sociedad en la que viven; o b) por la inquietud que les produce la posibilidad de que el movimiento separatista gane terreno y acabe alterando de forma negativa su situación social. Esas diversas motivaciones, aun siendo bien distintas, convergen en la disposición a aceptar un mecanismo que permita a los censados en Cataluña pronunciarse sobre la cuestión, aunque muchos (especialmente los del último grupo) se pronunciarían negativamente sobre la posibilidad de secesión.
Pero, así como la lógica que rige la vida de los “famosos” (artistas de cine, cantantes, etc.) tiene como uno de sus principios que “lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal”, así también en este asunto los partidarios de la secesión consideran de entrada ventajoso que un gran número de personas quieran pronunciarse al respecto. Propicio a sus intereses les parece, en efecto, poder decir, como se dice (aunque sería interesante analizar las encuestas que presuntamente lo avalan), que “el 80% de los catalanes está a favor de que se realice un referéndum vinculante sobre la pertenencia o no de Cataluña al Estado español”. Y ése es justamente el significado implícito que se le atribuye a la ambigua expresión ‘derecho a decidir’. La medida, sin embargo, en que ese significado se hace explícito varía según el contexto y según quién lo invoca. En todo caso, cuando se dice, sin más, que un 80% está a favor del derecho a decidir, cualquier observador ajeno a lo que aquí se cuece quedaría pasmado al oír que en Cataluña hay un 20% de ciudadanos que han renunciado a tomar decisiones…
A ese presunto 80% se lo mima y halaga con la idea de que la democracia exige que cada ciudadano pueda pronunciarse y decidir sobre cualquier asunto que le afecte. Lástima que ese celo democrático no se manifestara con ocasión de la modificación del artículo 135 de la Constitución, en que quedó estipulado que el cumplimiento del pacto de estabilidad financiera acordado por la UE tiene prioridad sobre cualquier otro objetivo de política económica, modificación que fue avalada sin rechistar y sin exigir ningún tipo de referéndum por gran parte de los mismos que ahora exigen a todas horas referendos de autodeterminación. Por lo visto, en ese caso se trataba de un asunto menor, que no afectaba los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Total, 16.000 millones menos en sanidad y educación no pueden tener demasiada repercusión en el bienestar del pueblo “soberano”, a diferencia de lo que ocurre con los grandes intereses “nacionales”.
Pues bien, lo primero que hay que decir frente a la pretensión de que los censados en Cataluña tengan derecho a decidir unilateralmente si quieren seguir o no formando una entidad política junto con el resto de España es que, habida cuenta de la realidad política y social existente aquí y ahora, ese presunto derecho no se podría ejercer sin afectar a los derechos de los censados en el conjunto del país. Alguna alma bella residente en Cataluña (o fuera de ella, que tampoco faltan) que siendo totalmente contraria a una posible secesión crea que la mejor manera de acabar con la tensión creada al respecto es celebrar de una vez el dichoso referéndum de autodeterminación (vinculante, por supuesto) porque seguro que ganaría el NO , comete dos errores graves. Primero y principal: porque nadie tiene derecho a decidir por otros en un asunto que también les afecta. Y ¿acaso no afecta, por ejemplo, a un residente en Zaragoza que de un día para otro se le considere extranjero a doscientos km al Este, en un territorio en el que hasta entonces gozaba de todas las prerrogativas propias de un ciudadano? O ¿qué decir de la merma en los recursos del Estado derivada de la pérdida de una de sus zonas de mayor actividad económica? ¿Acaso no repercutiría ello en las —ya deficientes— prestaciones que reciben los ciudadanos del conjunto del territorio español? Y segundo: porque aceptar una votación solamente porque se espera ganarla es hacer burla de la democracia que se dice defender. Todo eso al margen de que la constitución vigente, ley de leyes a la que todas las leyes ordinarias quedan supeditadas, no contempla soberanías separadas para los habitantes de las diversas comunidades autónomas, sino una única soberanía colectiva de los poseedores de la ciudadanía española. Claro que las constituciones no son entidades eternas: pueden —y, con cierta frecuencia, deben— modificarse. Pero de acuerdo con los procedimientos en ellas establecidos, so pena de crear una situación de inestabilidad e inseguridad permanentes incompatibles con el bienestar general. Y, por supuesto, en situaciones extremas (cuando una constitución se ha pervertido al extremo de amparar un régimen de clara injusticia social o de opresión flagrante de unos grupos por otros) es perfectamente legítima la rebelión , con todas las consecuencias (y peligros) derivados del ejercicio de la violencia al margen de la ley.
Según lo anterior, por tanto, no sólo es que los ciudadanos censados en Cataluña no tengan, hoy por hoy, derecho a decidir unilateralmente separarse del resto de España (su presunto derecho a decidir no puede ser un derecho a dividir), sino que tampoco tienen derecho a decidir unilateralmente unirse más de lo que están (renunciando, por ejemplo, a la actual autonomía), pues ello, al implicar una reestructuración importante de las instancias administrativas del Estado, también tendría repercusiones para el resto de los ciudadanos españoles (por ejemplo, una gran cantidad de actuales funcionarios de la Generalitat entrarían en competencia con los de otras administraciones del Estado a la hora de cubrir plazas y ejercer responsabilidades).
Una de las ventajas con que juegan los partidarios de la ruptura es que muchas gentes bienintencionadas se plantean el asunto como algo circunscrito al momento presente, sin raíces históricas (como si tendieran, frente al pasado, el famoso “velo de ignorancia” que John Rawls, en su Teoría de la justicia , propone tender ante la situación de partida de una sociedad a la hora de determinar las normas que harían de ella una sociedad justa). Pero no se puede hacer abstracción de la historia, como si los “cambios de ciclo” borraran de un plumazo el pasado (aunque, paradójicamente, alguno de los principales promotores de la “nueva izquierda soberanista” presuntamente no independentista —pero ¿se puede ser lo primero sin ser lo segundo?— es de profesión historiador). La historia de este país (España), junto a unos cuantos desencuentros o choques entre las piezas que lo fueron componiendo (y la Guerra de Sucesión, pese a la nueva mitología tejida en torno al tricentenario del asedio y caída de Barcelona, fue más un choque internacional que una “guerra civil”), suma cientos de años de convivencia fructífera, con períodos tan brillantes como el reinado de Carlos III, impulsor de la red de caminos reales que aún es la base de la red de carreteras actual, también en Cataluña, por supuesto; Cataluña que conoció un período de prosperidad excepcional gracias, entre otras cosas, a la apertura de sus puertos al comercio con América, hasta entonces reservado a los puertos del Atlántico; prosperidad de que dan fe, por ejemplo, las abundantes reformas de masías datadas en esos años, así como el perceptible aumento de altura en muchas casas del casco antiguo de Barcelona, correspondiente también a esa época, en que las murallas impedían a la ciudad expandirse horizontalmente. Pero lo importante es que ese pasado común ha creado unos vínculos sociales, económicos, culturales y afectivos que no se pueden cortar de la noche a la mañana como si tal cosa. Y el que tal pretenda debe saber que no actuará como cirujano, sino como carnicero.
En cuanto al derecho de autodeterminación propiamente dicho, independientemente de que ciertas tradiciones políticas (la leninista en particular) nacidas para hacer frente a situaciones de opresión de todo tipo lo hayan incorporado a sus señas de identidad hasta el extremo de atribuirle un valor incondicionado, lo cierto es que los principios de derecho internacional más universalmente aceptados (por las Naciones Unidas, sin ir más lejos) lo restringen a situaciones de clara opresión colonial, es decir, situaciones en que una determinada población bien definida carezca de representación política libremente elegida y se vea, en cambio, gobernada por una administración sobre la que no ejerza control alguno. Que, en el caso de Cataluña, ni el más paranoico separatista “enragé” pueda invocar ese supuesto sin retorcer el argumento hasta el absurdo le debería resultar claro a cualquiera (aunque la claridad no parece ser atributo de todas las mentes).
Pero aparte de la inexistencia de una situación colonial (diga lo que diga el muy “mediático” ex-ministro griego Yanis Varoufakis, cuyo nivel de información sobre el tema no parece superar el que tenía sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con la troika comunitaria en su etapa de ministro), lo cierto es que, aun estando la población de Cataluña bien definida ad extra o desde el punto de vista administrativo (los censados en el territorio de la correspondiente comunidad autónoma), su definición ad intra , o desde el punto de vista sociocultural, deja bastante que desear, como revelan las encuestas que hablan de diversas conciencias identitarias (quienes se sienten exclusivamente catalanes, quienes se sienten exclusivamente españoles y quienes se sienten, en diversos grados, ambas cosas). Por eso algunos venimos diciendo que, en el caso catalán, el supuesto derecho a decidir equivale al derecho a dividir . Algo que se ha visto últimamente agravado por la pretensión de ciertos sectores ultracatalanistas de acabar con el bilingüismo realmente existente en el territorio, culpabilizando del mismo, amén de a la consabida conjura españolista (que la hubo ciertamente durante el franquismo, aunque sin culpa de la gran mayoría de los españoles), a las sucesivas oleadas de inmigrantes que no han sido plenamente “asimilados”.
En cualquier caso, la historia de la mayoría de los procesos de recomposición de Estados con arreglo a presuntas identidades nacionales muestra un perfil inquietante, en el que abundan las aristas violentas. Si las “guerras balcánicas” marcaron la pauta a comienzos del siglo XX, los procesos que siguieron a la ruptura de la federación yugoeslava primero y de la Unión Soviética después no son muy aleccionadores que digamos. Pero la obsesión por la unidad étnico-cultural puede ir en dos sentidos: disgregador o integrador a la fuerza. Como ejemplo de lo segundo, no hay más que recordar el pangermanismo que reivindicaba territorios “desde el río Mosa (Bélgica) hasta el río Niemen (Bielorrusia), desde el río Adigio (en el Tirol italiano) hasta el estrecho de Belt (Dinamarca)” (como reza la primera estrofa, hoy prohibida, del himno nacional alemán); Hitler, por supuesto, se tomó muy en serio esa “grandiosa visión” de una Mitteleuropa germánica y aún la superó. En plan mucho más modesto y, afortunadamente, de manera pacífica, sin el recurso a las Panzerdivisionen , y con planteamientos sociales de izquierdas, también aquí hay quien defiende pequeñas visiones grandiosas con respecto a los llamados “ països catalans” (se trata de paralelismos meramente formales y extrínsecos: espero que nadie arguya que se está comparando en lo sustancial la CUP con el NSDAP…).
Por eso, porque está visto que abrir el melón de las fronteras estatales es como abrir la caja de Pandora, la Unión Africana, sucesora de la Organización para la Unidad Africana (fundada en 1963) tiene como uno de sus principios fundamentales respetar las fronteras heredadas del período colonial, pese a lo arbitrario de muchas o la mayoría de ellas, ya que dividen etnias todavía claramente identificables (no como en Europa, donde los perfiles étnicos están totalmente difuminados). Baste recordar las masacres perpetradas no hace mucho por ciertos grupos étnicos africanos contra otros (hutus, tutsis, etc.) para darse cuenta de a dónde puede llevar la mencionada aspiración a la “homogeneidad nacional”.
En definitiva, la pretensión de poseer el derecho de decidir unilateralmente la relación de Cataluña con el resto de España (una relación, por definición, excluye la unilateralidad) no puede sostenerse razonablemente al no poder fundamentarse en una hipotética situación de sojuzgamiento colonial ni nada que se le parezca, pese a los histriónicos rasgamientos de vestiduras por supuestos expolios fiscales, que casi nadie se atreve ya a esgrimir —aunque seguramente puede haber margen para aumentar la equidad en este punto—, o por las declaraciones extemporáneas (o así consideradas por parte interesada) de tal o cual ministro, o por decisiones del gobierno central tan tremendamente lesivas para la “cohesión social” de Cataluña como ¡aumentar el número de horas de lengua castellana en primaria de dos a tres semanales! En una democracia, incluso en una tan imperfecta como la que tenemos (pero no tanto como para que su imperfección autorice a todo el mundo a tomarse la justicia por su mano), las diferencias sólo pueden resolverse mediante la discusión y la búsqueda de acuerdos, al menos parciales, mientras la correlación de fuerzas en los órganos legislativos, incluso apoyada por manifestaciones pacíficas (huelgas incluidas), no permita otra cosa. Por supuesto, quien considere honestamente que ésa es una vía muerta (más de una vez, a lo largo de la historia, lo ha sido) siempre podrá optar por la vía insurreccional. Faltará sólo que un número suficiente de personas considere que la reivindicación lo vale. Y, por supuesto, llenar una vez al año de gente la Meridiana o el Paseo de San Juan no es una insurrección digna de tal nombre, aunque algunos así lo crean. Pero no siempre la fe mueve montañas.
Empezando por este último “concepto”, lo primero que conviene dejar clara es su total falta de claridad. Porque ¿acaso hay algún derecho cuyo contenido no sea la capacidad de decidir algo? Así, el derecho a la salud implica la posibilidad de decidir curarse y de que la sociedad ofrezca los medios para ello; el derecho a la educación, la posibilidad de decidir instruirse (o de que los padres o tutores lo decidan por los menores a su cargo) y que la sociedad ofrezca los medios; etc. De modo que, si todo derecho implica alguna capacidad de decisión, la expresión “derecho a decidir” es, por un lado, redundante y, por otro, si no se especifica el contenido, vacía.
Parece claro, pues, que quienes pusieron en circulación semejante pseudoconcepto, o no tenían las ideas claras o pretendían confundir al público al que iba destinado. El principio de “caridad” obliga a excluir lo primero, pues equivaldría a llamarlos ignorantes. Por lo tanto, hay que concluir que buscaban lo segundo. ¿Con qué propósito?
Sin duda para lograr un apoyo mayoritario a la idea de que hay que poner a discusión, con la intención de modificarla unilateralmente desde Cataluña, la estructura administrativo-territorial del actual Estado (ese cuyo nombre oficial es “Reino de España” o, simplemente, España). Y ¿por qué se supone que hay que modificarla? Supuestamente porque, desde el auge de los movimientos nacionalistas iniciado en el siglo XIX en gran parte del mundo, y su agudización en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, viene habiendo un sector de la población de Cataluña que, por diversas razones (económicas y/o culturales), aspira a la constitución de un Estado propio independiente del resto de España. Ese sector, hasta hace muy poco, no pasaba de un 15% de la población, como máximo. Pero sus líderes políticos e intelectuales han encontrado, gracias a determinados cambios producidos en la sociedad catalana (fuerte disminución relativa de la clase obrera industrial y correlativo aumento del sector servicios, cuyos asalariados son más receptivos a las ideas y actitudes interclasistas, entre ellas el sentimiento de “identidad nacional”; crisis económica; detención o incluso descenso del “ascensor social” para las nuevas generaciones; etc.), han encontrado, digo, la manera de reforzar ese contingente de adeptos al separatismo mediante el expediente de decir algo así como: Es evidente que en Cataluña existe un segmento importante de la población desafecto respecto a España (segmento formado, de entrada, por los mismos que dicen eso y los que asienten, con lo que tenemos un típico caso de discurso “performativo” o —como diría un servidor— “ejecutivo”: discurso que, por el simple hecho de enunciarse, realiza lo que enuncia). Por tanto —siguen diciendo— es de justicia reconocerles a los catalanes (los censados en Cataluña, aunque más de un nacionalista catalán discreparía y delimitaría un subconjunto según criterios étnico-culturales) el derecho a pronunciarse sobre la continuidad o no de su permanencia en el Estado español .
Dejemos a un lado, de momento, pues lleva a un callejón sin salida, la espinosa cuestión de si Cataluña es o no una nación (sin Estado) y si, más aún, tiene sentido hablar de naciones que no estén constituidas como Estados, es decir, de naciones meramente étnicas, no políticas. De entrada, lo que se ha conseguido con el discurso arriba mencionado es incorporar a la discusión, primero, a un nuevo contingente de personas que, golpeadas por la crisis o temerosas de verse golpeadas por ella, atribuyen a la pertenencia a España todos los males y ven en la secesión una posible escapatoria; y en segundo lugar, a un número importante de personas que jamás hasta ahora se habían planteado el asunto y cuya implicación en el debate está motivada: a) por su talante democrático, que las predispone a prestar atención de entrada a la reivindicación nacionalista como lo harían con cualquier otra reivindicación surgida de la sociedad en la que viven; o b) por la inquietud que les produce la posibilidad de que el movimiento separatista gane terreno y acabe alterando de forma negativa su situación social. Esas diversas motivaciones, aun siendo bien distintas, convergen en la disposición a aceptar un mecanismo que permita a los censados en Cataluña pronunciarse sobre la cuestión, aunque muchos (especialmente los del último grupo) se pronunciarían negativamente sobre la posibilidad de secesión.
Pero, así como la lógica que rige la vida de los “famosos” (artistas de cine, cantantes, etc.) tiene como uno de sus principios que “lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal”, así también en este asunto los partidarios de la secesión consideran de entrada ventajoso que un gran número de personas quieran pronunciarse al respecto. Propicio a sus intereses les parece, en efecto, poder decir, como se dice (aunque sería interesante analizar las encuestas que presuntamente lo avalan), que “el 80% de los catalanes está a favor de que se realice un referéndum vinculante sobre la pertenencia o no de Cataluña al Estado español”. Y ése es justamente el significado implícito que se le atribuye a la ambigua expresión ‘derecho a decidir’. La medida, sin embargo, en que ese significado se hace explícito varía según el contexto y según quién lo invoca. En todo caso, cuando se dice, sin más, que un 80% está a favor del derecho a decidir, cualquier observador ajeno a lo que aquí se cuece quedaría pasmado al oír que en Cataluña hay un 20% de ciudadanos que han renunciado a tomar decisiones…
A ese presunto 80% se lo mima y halaga con la idea de que la democracia exige que cada ciudadano pueda pronunciarse y decidir sobre cualquier asunto que le afecte. Lástima que ese celo democrático no se manifestara con ocasión de la modificación del artículo 135 de la Constitución, en que quedó estipulado que el cumplimiento del pacto de estabilidad financiera acordado por la UE tiene prioridad sobre cualquier otro objetivo de política económica, modificación que fue avalada sin rechistar y sin exigir ningún tipo de referéndum por gran parte de los mismos que ahora exigen a todas horas referendos de autodeterminación. Por lo visto, en ese caso se trataba de un asunto menor, que no afectaba los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Total, 16.000 millones menos en sanidad y educación no pueden tener demasiada repercusión en el bienestar del pueblo “soberano”, a diferencia de lo que ocurre con los grandes intereses “nacionales”.
Pues bien, lo primero que hay que decir frente a la pretensión de que los censados en Cataluña tengan derecho a decidir unilateralmente si quieren seguir o no formando una entidad política junto con el resto de España es que, habida cuenta de la realidad política y social existente aquí y ahora, ese presunto derecho no se podría ejercer sin afectar a los derechos de los censados en el conjunto del país. Alguna alma bella residente en Cataluña (o fuera de ella, que tampoco faltan) que siendo totalmente contraria a una posible secesión crea que la mejor manera de acabar con la tensión creada al respecto es celebrar de una vez el dichoso referéndum de autodeterminación (vinculante, por supuesto) porque seguro que ganaría el NO , comete dos errores graves. Primero y principal: porque nadie tiene derecho a decidir por otros en un asunto que también les afecta. Y ¿acaso no afecta, por ejemplo, a un residente en Zaragoza que de un día para otro se le considere extranjero a doscientos km al Este, en un territorio en el que hasta entonces gozaba de todas las prerrogativas propias de un ciudadano? O ¿qué decir de la merma en los recursos del Estado derivada de la pérdida de una de sus zonas de mayor actividad económica? ¿Acaso no repercutiría ello en las —ya deficientes— prestaciones que reciben los ciudadanos del conjunto del territorio español? Y segundo: porque aceptar una votación solamente porque se espera ganarla es hacer burla de la democracia que se dice defender. Todo eso al margen de que la constitución vigente, ley de leyes a la que todas las leyes ordinarias quedan supeditadas, no contempla soberanías separadas para los habitantes de las diversas comunidades autónomas, sino una única soberanía colectiva de los poseedores de la ciudadanía española. Claro que las constituciones no son entidades eternas: pueden —y, con cierta frecuencia, deben— modificarse. Pero de acuerdo con los procedimientos en ellas establecidos, so pena de crear una situación de inestabilidad e inseguridad permanentes incompatibles con el bienestar general. Y, por supuesto, en situaciones extremas (cuando una constitución se ha pervertido al extremo de amparar un régimen de clara injusticia social o de opresión flagrante de unos grupos por otros) es perfectamente legítima la rebelión , con todas las consecuencias (y peligros) derivados del ejercicio de la violencia al margen de la ley.
Según lo anterior, por tanto, no sólo es que los ciudadanos censados en Cataluña no tengan, hoy por hoy, derecho a decidir unilateralmente separarse del resto de España (su presunto derecho a decidir no puede ser un derecho a dividir), sino que tampoco tienen derecho a decidir unilateralmente unirse más de lo que están (renunciando, por ejemplo, a la actual autonomía), pues ello, al implicar una reestructuración importante de las instancias administrativas del Estado, también tendría repercusiones para el resto de los ciudadanos españoles (por ejemplo, una gran cantidad de actuales funcionarios de la Generalitat entrarían en competencia con los de otras administraciones del Estado a la hora de cubrir plazas y ejercer responsabilidades).
Una de las ventajas con que juegan los partidarios de la ruptura es que muchas gentes bienintencionadas se plantean el asunto como algo circunscrito al momento presente, sin raíces históricas (como si tendieran, frente al pasado, el famoso “velo de ignorancia” que John Rawls, en su Teoría de la justicia , propone tender ante la situación de partida de una sociedad a la hora de determinar las normas que harían de ella una sociedad justa). Pero no se puede hacer abstracción de la historia, como si los “cambios de ciclo” borraran de un plumazo el pasado (aunque, paradójicamente, alguno de los principales promotores de la “nueva izquierda soberanista” presuntamente no independentista —pero ¿se puede ser lo primero sin ser lo segundo?— es de profesión historiador). La historia de este país (España), junto a unos cuantos desencuentros o choques entre las piezas que lo fueron componiendo (y la Guerra de Sucesión, pese a la nueva mitología tejida en torno al tricentenario del asedio y caída de Barcelona, fue más un choque internacional que una “guerra civil”), suma cientos de años de convivencia fructífera, con períodos tan brillantes como el reinado de Carlos III, impulsor de la red de caminos reales que aún es la base de la red de carreteras actual, también en Cataluña, por supuesto; Cataluña que conoció un período de prosperidad excepcional gracias, entre otras cosas, a la apertura de sus puertos al comercio con América, hasta entonces reservado a los puertos del Atlántico; prosperidad de que dan fe, por ejemplo, las abundantes reformas de masías datadas en esos años, así como el perceptible aumento de altura en muchas casas del casco antiguo de Barcelona, correspondiente también a esa época, en que las murallas impedían a la ciudad expandirse horizontalmente. Pero lo importante es que ese pasado común ha creado unos vínculos sociales, económicos, culturales y afectivos que no se pueden cortar de la noche a la mañana como si tal cosa. Y el que tal pretenda debe saber que no actuará como cirujano, sino como carnicero.
En cuanto al derecho de autodeterminación propiamente dicho, independientemente de que ciertas tradiciones políticas (la leninista en particular) nacidas para hacer frente a situaciones de opresión de todo tipo lo hayan incorporado a sus señas de identidad hasta el extremo de atribuirle un valor incondicionado, lo cierto es que los principios de derecho internacional más universalmente aceptados (por las Naciones Unidas, sin ir más lejos) lo restringen a situaciones de clara opresión colonial, es decir, situaciones en que una determinada población bien definida carezca de representación política libremente elegida y se vea, en cambio, gobernada por una administración sobre la que no ejerza control alguno. Que, en el caso de Cataluña, ni el más paranoico separatista “enragé” pueda invocar ese supuesto sin retorcer el argumento hasta el absurdo le debería resultar claro a cualquiera (aunque la claridad no parece ser atributo de todas las mentes).
Pero aparte de la inexistencia de una situación colonial (diga lo que diga el muy “mediático” ex-ministro griego Yanis Varoufakis, cuyo nivel de información sobre el tema no parece superar el que tenía sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con la troika comunitaria en su etapa de ministro), lo cierto es que, aun estando la población de Cataluña bien definida ad extra o desde el punto de vista administrativo (los censados en el territorio de la correspondiente comunidad autónoma), su definición ad intra , o desde el punto de vista sociocultural, deja bastante que desear, como revelan las encuestas que hablan de diversas conciencias identitarias (quienes se sienten exclusivamente catalanes, quienes se sienten exclusivamente españoles y quienes se sienten, en diversos grados, ambas cosas). Por eso algunos venimos diciendo que, en el caso catalán, el supuesto derecho a decidir equivale al derecho a dividir . Algo que se ha visto últimamente agravado por la pretensión de ciertos sectores ultracatalanistas de acabar con el bilingüismo realmente existente en el territorio, culpabilizando del mismo, amén de a la consabida conjura españolista (que la hubo ciertamente durante el franquismo, aunque sin culpa de la gran mayoría de los españoles), a las sucesivas oleadas de inmigrantes que no han sido plenamente “asimilados”.
En cualquier caso, la historia de la mayoría de los procesos de recomposición de Estados con arreglo a presuntas identidades nacionales muestra un perfil inquietante, en el que abundan las aristas violentas. Si las “guerras balcánicas” marcaron la pauta a comienzos del siglo XX, los procesos que siguieron a la ruptura de la federación yugoeslava primero y de la Unión Soviética después no son muy aleccionadores que digamos. Pero la obsesión por la unidad étnico-cultural puede ir en dos sentidos: disgregador o integrador a la fuerza. Como ejemplo de lo segundo, no hay más que recordar el pangermanismo que reivindicaba territorios “desde el río Mosa (Bélgica) hasta el río Niemen (Bielorrusia), desde el río Adigio (en el Tirol italiano) hasta el estrecho de Belt (Dinamarca)” (como reza la primera estrofa, hoy prohibida, del himno nacional alemán); Hitler, por supuesto, se tomó muy en serio esa “grandiosa visión” de una Mitteleuropa germánica y aún la superó. En plan mucho más modesto y, afortunadamente, de manera pacífica, sin el recurso a las Panzerdivisionen , y con planteamientos sociales de izquierdas, también aquí hay quien defiende pequeñas visiones grandiosas con respecto a los llamados “ països catalans” (se trata de paralelismos meramente formales y extrínsecos: espero que nadie arguya que se está comparando en lo sustancial la CUP con el NSDAP…).
Por eso, porque está visto que abrir el melón de las fronteras estatales es como abrir la caja de Pandora, la Unión Africana, sucesora de la Organización para la Unidad Africana (fundada en 1963) tiene como uno de sus principios fundamentales respetar las fronteras heredadas del período colonial, pese a lo arbitrario de muchas o la mayoría de ellas, ya que dividen etnias todavía claramente identificables (no como en Europa, donde los perfiles étnicos están totalmente difuminados). Baste recordar las masacres perpetradas no hace mucho por ciertos grupos étnicos africanos contra otros (hutus, tutsis, etc.) para darse cuenta de a dónde puede llevar la mencionada aspiración a la “homogeneidad nacional”.
En definitiva, la pretensión de poseer el derecho de decidir unilateralmente la relación de Cataluña con el resto de España (una relación, por definición, excluye la unilateralidad) no puede sostenerse razonablemente al no poder fundamentarse en una hipotética situación de sojuzgamiento colonial ni nada que se le parezca, pese a los histriónicos rasgamientos de vestiduras por supuestos expolios fiscales, que casi nadie se atreve ya a esgrimir —aunque seguramente puede haber margen para aumentar la equidad en este punto—, o por las declaraciones extemporáneas (o así consideradas por parte interesada) de tal o cual ministro, o por decisiones del gobierno central tan tremendamente lesivas para la “cohesión social” de Cataluña como ¡aumentar el número de horas de lengua castellana en primaria de dos a tres semanales! En una democracia, incluso en una tan imperfecta como la que tenemos (pero no tanto como para que su imperfección autorice a todo el mundo a tomarse la justicia por su mano), las diferencias sólo pueden resolverse mediante la discusión y la búsqueda de acuerdos, al menos parciales, mientras la correlación de fuerzas en los órganos legislativos, incluso apoyada por manifestaciones pacíficas (huelgas incluidas), no permita otra cosa. Por supuesto, quien considere honestamente que ésa es una vía muerta (más de una vez, a lo largo de la historia, lo ha sido) siempre podrá optar por la vía insurreccional. Faltará sólo que un número suficiente de personas considere que la reivindicación lo vale. Y, por supuesto, llenar una vez al año de gente la Meridiana o el Paseo de San Juan no es una insurrección digna de tal nombre, aunque algunos así lo crean. Pero no siempre la fe mueve montañas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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