VIOLENCIA MACHISTA Y LEYES. PERPLEJIDAD ANTE   CIERTAS DECISIONES JUDICIALES. 

Ana Lucía Silva de 49 años ha sido asesinada en Córdoba por su pareja, Salvador Ramírez de 45 años. Lo sorpresivo del caso, por no decir alucinante, es que su asesino estaba en libertad condicional, después de haber sido condenado a "17 años" en 2004 por el asesinato de su anterior pareja.  O sea, que en 2019, a los 15 años de la condena, ya estaba en la calle desde hacía tiempo con el tercer grado concedido por el juez, asesorado seguramente  por los "técnicos, o expertos juristas" que recomiendan la prisión condicional entendiendo su excelsa "sabiduría" que el criminal está rehabilitado, o sea, curado. Ese juez y "expertos" concedieron la provisional a ese hombre, en contra de la opinión de los funcionarios de la cárcel, que no creían en su rehabilitación. Seguramente  porque se considerarían más capaces para ello.

Veamos los hechos y el proceso. Salvador Ramírez asesinó en 2002 a su anterior pareja en Algeciras intentando ahogarla primero y estrangulándola ante su resistencia. Aquella mujer dejó tres hijos pequeños y su asesino fue condenado a 17 años de cárcel, todavía no había ley "contra la violencia de género", y al pago de 180.000 euros para el mantenimiento de los hijos. Y antes de pasar 15 años de cárcel estaba ya en la calle como si nada, actuando de nuevo con la misma imparable voluntad criminal. Ahora ha acuchillado a su mujer con arma blanca, intentando suicidarse después, y antes de morir una y otro pegó fuego a la vivienda poniendo en riesgo a todos los que habitaban en el mismo bloque. En ambos casos parece que el "motivo" del asesinato fue el proceso de separación que estaba viviendo ese hombre con sus víctimas.

Un caso más de violencia de género. Ana Lucía da Silva Sepulchro, de orígen brasileño, es la víctima número 25 en lo que va de año y hace la número 1000 desde que en 2003 se inició el registro. Fuentes del gobierno afirman que se han producido muchos avances en la aprobación de leyes y normas para la prevención de la violencia de género pero que una parte de estos avances no funcionan en la práctica. Es por ello imprescindible una revisión a fondo de todo el sistema para prevenir, evitar, y castigar con el máximo rigor cuando sea preciso la violencia y los crímenes de género. Está claro que las leyes y su aplicación deben ser el máximo de contundentes en el momento de abordar y aplicar las alternativas a la violencia de género y a los asesinatos. Además de los 25 asesinatos que llevamos en lo que va de año, en el primer trimestre del mismo se han producido ya 38.619 denuncias en los órganos judiciales por diversos tipos de violencia de género. Es hora de profundizar mucho más en el conocimiento del problema, en la prevención desde las más tempranas edades en que los niños y niñas deben aprender y metabolizar en su conciencia su rechazo total a la violencia de género y, consecuentemente con lo anterior, evitar que la "flexibilidad" de las leyes incidan en el crimen y en su reiteración por los mismos autores. La prisión permanente revisable no es la solución pero debe formar parte de las alternativas. Revisable sólo cuando haya garantías más fundadas de que las actuales formas de rehabilitación son realmente eficaces y de que no habrá reincidencia por parte de un condenado.