EL TRIBUNAL SUPREMO SIEMBRA EL CAOS. LA BANCA GANA DE NUEVO.

El 16 de octubre pasado la Sala Tercera del Tribunal Supremo decide que los bancos paguen el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, conocido como el "Impuesto de las Hipotecas", que hasta ese momento recaía sobre los hipotecados. Tres semanas después, el pleno del Tribunal Supremo hace marcha atrás y decide que sean de nuevo los hipotecados que paguen el impuesto y no los bancos. Podría decirse aquello de hecha la ley, hecha la trampa. Veamos los antecedentes del asunto.

El Real Decreto Legislativo de 24 de septiembre de 1993, siendo ministro de Hacienda Pedro Solbes, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales" y  "Actos Jurídicos Documentados", y el posterior decreto regulador de 1995, estipulan que al comprar una vivienda se tienen que pagar tres impuestos: Actos Jurídicos Documentados, IVA y Transmisiones Patrimoniales, impuestos que cobra la Administración Pública y que recaudan las CCAA a través de las competencias transferidas. En las comunidades autónomas el porcentaje que se aplica a la compra de una vivienda oscila entre el 0,5 y el 1,5 por cien, recursos económicos que deberían buscarse de otro tipo de ingresos públicos. Este impuesto es, además, el más caro de Europa para la compra de una vivienda. 

Y mientras la decisión a favor del capital bancario de este órgano del Tribunal Supremo vuelve atrás una  decisión que hacía justicia con los más débiles económicamente y afectaba a los más poderosos, a un sistema bancario al que se le han pagado las deudas fruto de su gestión especulativa e inmobiliaria, con el dinero de todos, se anuncia la venta de áticos de 10 millones de euros en el Complejo Canalejas de Madrid. Y junto a la inversión de constructores españoles como Villar Mir, o extranjeros como el millonario canadiense israelí Mark Scheinberg, nos encontramos también a la familia Henrique Capriles, el golpista opositor al gobierno de Venezuela, que invierten también en este tinglado y en otros complejos de viviendas de lujo. Así la alcaldesa de Madrid,  entre otras autoridades, los partidos que vociferan contra la dictadura venezolana y venden armas a Arabia Saudí para que pueda cometer todo tipo de crímenes y fechorías,  y las ONGs siempre tan "humanitarias", podrán recibir de nuevo a los golpistas que dicen ser perseguidos por Maduro y el gobierno de Venezuela.