NAVANTIA, GUERRAS, ARMAS, PUESTOS DE TRABAJO.

Parece que el gobierno, en su peculiar estilo de bailar la yenka, ha dado marcha atrás a su decisión de no vender 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí. Pedro Sánchez y Margarita Robles reflexionan, ante el peligro de perder la venta a esta dictadura feudal de 5 corbetas por valor de 1800 millones de euros. Es aquel pedido, ahora ya con contrato firmado, según parece, que promovió manifestaciones de los trabajadores de Navantia en Cádiz a su favor hace tiempo y que hizo decir a Kichi, alcalde de Cádiz, que si el contrato a firmar era para traer la fabricación de las corbetas a Cádiz, no estaba en contra. Yo mismo escribí críticamente sobre la posición del alcalde ya que no se puede ser alternativo total y contrario a la política armamentística y aceptar a la más pequeña de cambio un pedido de armas para dar trabajo a los trabajadores de Navantia. Todavía no estaba firmado el contrato. Ahora está firmado y puede peligrar si el gobierno decide no vender las 400 bombas. Y los trabajadores vuelven a estar en la calle. Y yo no voy a decir nada contra su actitud cuando durante todos estos años de guerras de agresión, nadie, salvo pequeños movimientos contra la guerra y por la paz entre los cuales actúo, les ha convocado a manifestarse. Ni gobierno del PSOE, del PP ya no hablo, ni partidos políticos, ni sindicatos de masas.

No vale ahora darse golpes al pecho contra armas que pueden servir para matar y destruir en Yemen. Esto era antes, ahora y mañana, si no hay remedio radical. Lo fundamental y urgente no es Navantia,  cuyos trabajadores exigen que se vendan las bombas para poder fabricar las corbetas y tener trabajo para los próximos años en la provincia con más nivel de paro de España, sino la existencia de guerras de agresión y la fabricación competitiva de armas entre empresas y países, como una de las industrias más importantes y prósperas. Vayamos por partes:

1.- Propongo decisiones políticas al más alto nivel para prohibir las guerras y mecanismos para la solución de los conflictos ente países y en el interior de cada país. Es responsabilidad de la ONU, de la UE y de cada Estado. 

2.- La transformación de la industria del armamento en producción civil y el gradual traspaso de los trabajadores de la industria del armamento a la industria para la paz y el bienestar de los pueblos. A nivel general eso es también asunto de la ONU, de la UE y de cada estado. En España, del gobierno.

3.- El gobierno del PSOE echa atrás una decisión tomada de no vender bombas para no perder el contrato de las corbetas. Y en ello se apoya en las protestas de los trabajadores que ven peligrar los puestos de trabajo garantizados durante años. Es un pez que se muerde la cola. Yo no voy a hacer demagogia barata con ello aludiendo a la lucha contra la guerra aunque peligren los puestos de trabajo. El otro día escribí un artículo en el que exigía al gobierno del PSOE hacer autocritica por la responsabilidad del PSOE y el gobierno de Zapatero en la destrucción de Libia y en el éxodo masivo al Mediterráneo y un cambio radical en su acción de gobierno contra la guerra y por la paz. En la UE, en la ONU, en casa.

4.- Y como último, sin mucha confianza en que sea tenida en cuenta mi opinión contra la guerra y por la paz, exigir a los grandes medios de comunicación de masas, en primer lugar en España a todos los públicos, pero exactamente igual a los privados, para que, en vez de dedicarse a la manipulación y mentira sobre la guerra, se dediquen a explicar la verdad. Para ello propongo una ley que castigue la manipulación y mentira comprobadas en cuestiones tan graves como la guerra y la paz. Por ejemplo, en el caso de Iraq, Libia, Siria y Yemen, sin ir más lejos, además de unos cuantos gobernantes deberían estar en la cárcel unos cuantos propietarios, directores, ejecutivos y periodistas de altos vuelos de grandes medios que han mentido más que hablado.

Soy consciente de que lo propuesto afecta al sistema capitalista en su conjunto. Y que no van a tenerlo en cuenta hasta que lo impongamos por la fuerza social, de la política y de las leyes.